Me refiero, como no, para información de lectores despistados, a la más que comentada venta del estadio Vicente Calderón al Ayuntamiento de Madrid, y el posterior traslado de la fábrica de aventuras y desventuras del sentimiento atlético a un limbo de los justos que no se sabe muy bien por donde estaba: si en Alcorcón (municipio a donde Maniche puede querer mudarse, de lo que parecen dar fe los últimos acontecimientos que rodean a ambos), si en el Olímpico de la Peineta…

El “culpable” de de la ruptura de la tranquilidad –o mejor dicho rotura, ya que hablamos de temas materiales, y que hay más material que un pelotazo urbanístico- la tienen unas recientes declaraciones del Alcalde de Madrid, el señor Alberto Ruiz Gallardón. El líder del consistorio, respondiendo a diversas preguntas formuladas por internautas en la página web del diario de Pedro J. Ramírez, aseguró que “las obras de la M-30” se terminarían “sin necesidad de tocar el estadio Vicente Calderón”, y que la operación de compra y traslado se realizaría únicamente “si el Atlético de Madrid quiere, y sólo si ellos lo piden”. Y se armó, como se suele decir, la gorda.

La cancelación del proyecto desequilibra las intenciones de la familia Gil, propietaria de División Inmobiliaria, la poco transparente sociedad creada a pié de los primeros rumores de mudanza. A esta sociedad pronto se le transfirieron unos activos por valor de 226,2 millones de euros –el precio de tasación del Vicente Calderón-. División Inmobiliaria, a cambio, transfirió a su vez al Atlético dicha cantidad, pendiente de ser abonada por el ayuntamiento capitalino en la operación de compra y demolición del estadio. Esta falsa entrada de liquidez sirve al Consejo de Administración del club para maquillar las cuentas, tocadas por una alarmante escaseza de activos. Naturalmente, el traspaso del estadio conlleva que los receptores directos de los derechos sobre el mismo –y por lo tanto también de las plusvalías generadas por una venta a mayor precio, por ejemplo, al ayuntamiento- son los propietarios de División Inmobiliaria, y no el Club Atlético de Madrid.

Las declaraciones de Ruiz Gallardón se adivinan inoportunas para el Consejo de Administración del club madrileño. El grueso de los argumentos de los representantes atléticos en defensa del cambio de sede giraba en torno a la necesidad de la “operación traslado” para el buen fin de las obras de la M-30. Esta necesidad, según el club, “obligaba” a los dirigentes del mismo a elegir entre las opciones menos malas para la entidad. Y las campanas se echaron al vuelo antes de tiempo, y se empezaron a construir castillos en el aire con proyectos más lucrativos para sus hacedores que beneficiosos para el Atlético, sin cuestionarse su necesidad. Y al final, lógica manda, son los menos interesados en el proyecto los que expresan su inutilidad: la masa social colchonera, que desde un comienzo se negó a participar en aventuras que en nada la iban a beneficiar; y el mismo alcalde de Madrid, que haciendo cuentas se ha percatado del sinsentido de mantener el inútil gasto.